En la sesión de fecha 29 de octubre de 2026 el Senado otorgó media sanción al proyecto de ley que propone establecer un marco regulatorio para el desarrollo, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos voluntarios en la Argentina. La iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados para su consideración.
El objetivo del proyecto es crear un Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), concebido como una plataforma digital en la que deberían inscribirse los proyectos que pretendan emitir, transaccionar o retirar créditos de carbono en jurisdicción argentina.
El proyecto también prevé que, para inscribirse en el ReNaRe, los proyectos deban encontrarse previamente registrados en el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi), regulado por la Resolución N.º 363/21 del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El proyecto contempla un conjunto de incentivos tributarios destinados a promover el desarrollo de proyectos de reducción y remoción de emisiones. Entre las medidas propuestas se encuentran:
- La exención del impuesto a las ganancias, por un plazo de cinco años, sobre los ingresos provenientes de la primera venta de créditos de carbono, con excepción de los proyectos comprendidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
- La consideración de los proyectos de créditos de carbono como inversiones productivas a los efectos del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), previsto en la Ley N.º 27.802.
- La posibilidad de aplicar amortización acelerada, en un plazo de tres años, respecto de inversiones en tecnología e infraestructura destinadas al monitoreo.
- La previsión de estabilidad fiscal por un período de quince años.
- Un tratamiento específico en el impuesto al valor agregado: como exportación de servicios a tasa cero cuando el adquirente se encuentre en el exterior y como operación exenta para las transacciones realizadas en el mercado interno.
La iniciativa propone que los créditos de carbono derivados de proyectos basados en la naturaleza —incluidos aquellos vinculados con bosques, suelos, humedales y agricultura regenerativa— pertenezcan a los titulares de los inmuebles o a quienes estos cedan los derechos correspondientes, en el marco de las competencias provinciales. También contempla la posibilidad de que las provincias establezcan registros propios, interoperables con el ReNaRe y advierte que la autoridad nacional competente debería brindar asistencia técnica para procurar criterios uniformes de medición.
En el caso de que el crédito de carbono deba ser transferido al exterior, este deberá ser autorizado previamente por la autoridad competente. Cuando un crédito sea transferido al exterior para su contabilización en otro país, la Argentina debería efectuar el correspondiente ajuste en su Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, de modo que la reducción transferida no sea contabilizada simultáneamente por ambos países.
Finalmente, el proyecto encomienda al Poder Ejecutivo Nacional instrumentar progresivamente un sistema de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para los distintos sectores de la economía, comenzando por aquellos de más difícil descarbonización.
Esta publicación no constituye una opinión legal sobre asuntos específicos. En caso de ser necesario, deberá procurarse asesoría legal especializada.
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