Mediante la Resolución 255/2026 (B.O. 05/03/2026), el Ministerio de Economía aprobó la actualización del marco regulatorio aplicable a las actividades vinculadas con organismos genéticamente modificados (OGM) destinados a usos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales.
La norma toma como antecedentes, entre otros, la Resolución N.º 763/2011 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como diversas resoluciones posteriores vinculadas con la evaluación y regulación de estos organismos. En sus considerandos, la norma destaca que la Argentina ha acompañado el desarrollo de la biotecnología agropecuaria desde los inicios de estas actividades, procurando garantizar la seguridad de los OGM tanto en etapas experimentales como en su comercialización, preservando al mismo tiempo la bioseguridad, la producción y las exportaciones. Asimismo, se señala la necesidad de actualizar el marco normativo vigente a fin de adecuarlo a los avances tecnológicos, ampliar su alcance hacia nuevas aplicaciones agroalimentarias y agroindustriales y ordenar las competencias de los distintos organismos intervinientes.
En este contexto, la resolución reafirma que toda liberación al agroecosistema de OGM que no cuenten con aprobación comercial requiere autorización previa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP). Asimismo, se mantiene el esquema de evaluación técnica que involucra a diversos organismos especializados. En particular, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) interviene en la evaluación del riesgo ambiental, el diseño de medidas de bioseguridad y la gestión del riesgo en las distintas fases de análisis; mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a través de sus áreas técnicas y del Comité Técnico Asesor sobre el uso alimentario de OGM, evalúa la aptitud alimentaria para consumo humano y animal. Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante sus áreas competentes, analiza los posibles impactos en la producción y comercialización que pudieran derivarse de la autorización de organismos vegetales genéticamente modificados (OVGM). El régimen también contempla la fiscalización de las actividades por parte del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del propio SENASA, de acuerdo con sus respectivas competencias.
La norma establece además lineamientos generales para la autorización de liberaciones experimentales y para la eventual aprobación comercial de los OGM, consolidando un sistema basado en tres instancias de evaluación: la bioseguridad para el agroecosistema, la aptitud alimentaria para humanos y animales, y los impactos productivos y comerciales. Con esta actualización normativa, la autoridad busca fortalecer la coordinación institucional, simplificar procedimientos regulatorios conforme a las buenas prácticas en materia de simplificación administrativa aprobadas por el Decreto N.º 891/2017, y garantizar que el desarrollo de la biotecnología agropecuaria continúe realizándose bajo estándares de seguridad científica y previsibilidad regulatoria.
Acceda al texto completo en el Boletín Oficial: BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA – MINISTERIO DE ECONOMÍA – Resolución 255/2026
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